Pará-Bolas Blog

Son álgidos los vientos que han soplado en el 2020, las tormentas son constantes y ante la crisis se necesita de un capitán que con trabajo firme y constante, logre atravesar las turbulencias hasta encontrar las aguas mansas propicias para la recuperación. Lamentablemente este no es el caso de Cali, que decidió entregarle la capitanía a un hombre que nos ha llevado por la ruta de la incertidumbre y la improvisación, condenando a nuestra ciudad a un largo camino de penumbra antes de soñar con la luz.

Dice el viejo adagio que “aquel que no conoce su historia esta condenado a repetirla”. Este popular refrán que tanto nos repetían nuestros abuelos, ilustra de manera casi perfecta la situación que lamentablemente enfrenta hoy nuestra bella Cali. A pesar de las múltiples denuncias por sobrecostos en obras, entregas de contratos de manera irregular, contratación de burocracia y alianzas politiqueras, estos escándalos que llevó sobre sus hombros el candidato y ahora alcalde Jorge Iván Ospina, no impidieron que lograra hacerse de nuevo con la oficina más importante del CAM.

El 2022 se avecina, algunos movimientos y candidatos han definido su estrategia de campaña basada en un discurso donde se identifican ellos mismos y sus colectividades como estandartes morales, como los lideres de la lucha contra la corrupción y como los adalides de la decencia.

Sin embargo sus acciones contradicen su discurso bien construido, que ha logrado engañar a algunos incautos. Revisemos algunos hechos que deberían causar la indignación y el repudio nacional.

La semana política no pudo ser más extraña. Ya sabíamos, desde hace mucho tiempo, que la izquierda radical ha combinado históricamente todas las formas de lucha a fin de posicionarse mejor en el ajedrez electoral, que es precisamente lo que está ocurriendo de cara a la contienda del 2022. Sin embargo, jamás pensamos que llegásemos a ver un debate tan decadente cómo el de esta semana, en donde Petro, Cepeda, Roy y otros tantos parlamentarios, sin pena alguna actuaron de manera oficiosa como abogados del narcoterrorista Santrich.

¡OJO con el 22! Seguramente muchos de ustedes estarán cansados de leer esta frase, sin embargo es necesario insistir en la misma. El riesgo que afrenta nuestro país en las elecciones presidenciales que se aproximan no es menor, ni puede ser tomado a la ligera.

A pesar de las criticas de algunos sectores, que de manera populista vociferan exigiendo políticas inviables para el país, el gobierno del presidente Iván Duque ha adelantado una política social responsable, que ha logrado ser un muro de contención ante la crisis económica global y que se erige como la piedra angular del desarrollo social en nuestro país.

Hace ya un año, la alcaldesa Claudia López fue elegida por los bogotanos para que tomara las riendas de la ciudad, en lo que se convirtió en un importante triunfo político para su partido. Lleva ya diez meses actuando como máxima autoridad de nuestra capital, en donde se ha caracterizado por un rosario de contradicciones y en particular, por esa pasmosa facilidad que tiene para eludir la responsabilidad inherente a su cargo.

Las noticias de esta semana referentes a la realización de la Feria de Cali en el 2020 ciertamente nos ponen los pelos de punta. La propuesta y la visión presentada, son lógicas en el marco de la pandemia en la que estamos: una feria virtual. Hasta ahí todo perfecto. Sin embargo, desde la Alcaldía nos informan que el costo de esta feria virtual será de aproximadamente $11.000 millones de pesos. Una cifra escandalosa y a todas luces desproporcionada.

En los últimos meses hemos sido testigos de los ataques sistemáticos contra la institucionalidad, atizados por el discurso antisistema de algunos populistas que sueñan con la instauración del caos en nuestro país. A pesar de que Colombia atraviesa por un difícil camino de recuperación económica y enfrenta una lucha constante para superar los problemas de salud de tantos ciudadanos afectados por la pandemia, desde las huestes de la izquierda no dudan, de manera irresponsable, en convocar a paros, movilizaciones y aglomeraciones que ponen en jaque la salud pública y el desarrollo del país.

La empresa privada, generadora de sueños y desarrollo en el país, ha sido atacada sistemáticamente y por muchos años desde las trincheras de la izquierda colombiana. Ha sido vista siempre como “el lobo que hay que abatir y no como el caballo que tira de la carreta”.